• Hermosillo, Sonora, México a     |  Año 24 No. 724    

Juez argentino prohíbe el “gatillo fácil” propuesto por Macri

LA JORNADA /




Nota publicada: 2018-12-05

Buenos Aires. 05 de diciembre de 2018.- El juez de la justicia porteña, Roberto Gallardo prohibió la aplicación en Buenos Aires del nuevo protocolo de seguridad que presentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autorizando a disparar, incluso por la espalda sin dar la voz de alto y por simples sospechas de que alguien “podría” estar armado o preparado para delinquir, flexibilizando y ampliando el uso de las armas de fuego para las fuerzas de seguridad, que fue caracterizada como “impunidad para matar” por juristas, políticos, integrantes de derechos humanos y otros.


La resolución produjo una serie de denuncias de distintos sectores de la sociedad, e incluso juristas propusieron un juicio político contra Bulrich. Amnistía Internacional intervino también ante lo que una parte de la sociedad considera como “una pena de muerte encubierta”.


Dentro de la propia alianza gobernante Cambiemos se rechazó esta decisión; la diputada Elisa Carrió advirtió que el protocolo viola los derechos humanos, aunque luego sostuvo que sólo si estuviera en las normas del Código Penal se podría imponer.


El cuestionado ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, dijo que el juez Gallardo "tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia", en lo que es común en este gobierno, donde se amenaza y se persiguen a jueces que no actúan en su favor.


La medida del magistrado respondió a la solicitud de la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional; Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de “gatillo fácil” y la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad.


Paralelamente, una cantidad inusitada de policías agredieron una marcha de movimientos sociales y del Polo Obrero lesionando a varios e impidiendo el paso de los manifestantes que se dirigían al ministerio de Desarrollo Social en demanda de dialogo ante la dramática situación de la creciente pobreza y el desempleo, cuando sólo en el sector industrial se han perdido cien mil puestos de trabajos en estos tres años años.


Recordaron que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia informó que 48 por ciento de las niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza en Argentina y que 38 por ciento de las personas sufre al menos una carencia entre educación, protección social, vivienda, saneamiento básico, acceso al agua segura y hábitat seguro.


Justicia cruzada

Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo pidieron la detención del poderoso empresario de Techint, Paolo Roca, quien viajó a México y de Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios en la causa de las fotocopias de cuadernos de un ex chofer del Ministerio de Planificación, utilizadas ilegalmente en el marco de la persecución del juez Claudio Bonadío contra la ex mandataria.


En este juicio donde hay empresarios que pasan a ser “arrepentidos” si confiesan lo que Bonadío quiere y quienes no lo hacen son detenidos preventiva e ilegalmente junto con ex funcionarios, todo tiene un cariz escandaloso, por lo cual Roca decidió apelar a esta causa.


En otro ámbito, la familia de Santiago Maldonado apeló de la resolución del juez federal Gustavo Lleral, pidió su apartamiento de la causa por la desaparición forzada del joven artesano y solicitó la nulidad del fallo con cerró la causa.


Maldonado desapareció después de una brutal represión de la gendarmería contra un pequeño grupo de mapuches que defendían sus tierras ancestrales el 1 de agosto de 2017.


El juez Lleral confesó a la madre del joven que fue presionado para cerrar la causa. Sergio Maldonado hermano de Santiago relató a la prensa las irregularidades del proceso, además del espionaje a la familia, recordando que se ignoraron testimonios, filmaciones, pruebas, y el expediente se cerró con base a “datos” lo que es gravísimo para la justicia.


También está en duda la autopsia realizada por peritos de las mismas fuerzas de seguridad responsables de su desaparición y muerte del joven. Se denunció que el cuerpo de Maldonado encontrado en el río Chubut -en el lugar hasta donde bajaron los gendarmes persiguiendo a la víctima- apareció con características de haber estado congelado “pero el frío del agua no alcanza para explicar explicar la conservación durante tanto tiempo”.


Casi a la misma hora de la conferencia de Maldonado comenzaban a reunirse miles de mujeres que luchan contra los femicidios y que hicieron un paro en lugares de trabajo por el caso de la joven Lucía Pérez, que apareció violada y muerta en la ciudad de Mar del Plata, por lo cual había tres imputados, que dejaron a la joven sin vida en un hospital y huyeron.


Tres jueces condenaron este martes a los imputados por consumo de droga pero no por la violación, tortura y muerte de la víctima ante lo cual miles de mujeres salieron otra vez a las calles como en los tiempos de “ni una menos” no sólo en esta capital sino en el país. La Cámara de Diputados exigió justicia para Lucía.


En esta carrera judicial la fiscal Gabriela Baigún solicitó que el senador y ex presidente Calos Menem sea condenado a cuatro años de prisión y el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo a tres años y nueve meses de cárcel por haber vendido “a precio vil” en 1991 a la Sociedad Rural el predio ferial de Palermo. El valor de esa operación fue de 30 millones de dólares, pero el valor real era de 130 millones, recordó la fiscal en el juicio oral.


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